El cuadro de Pissarro en el salón de la abuela Lilly Cassirer, antes de dejar Berlín, en 1933.
DOS DÉCADAS DE POLÉMICA
La Corte de Apelaciones de San Diego (EEUU) reabre el caso del cuadro de Pissarro, al considerar que el museo no ejecutó el protocolo adecuado para demostrar si la obra de arte provenía de un saqueo del ejército de Hitler.
Después de 17 años la colección del
Museo Thyssen-Bornemisza no es capaz de lavar una mancha que oscurece la colección española:
Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia, de
Camille Pissarro, de 1897. Este lunes la Corte de Apelaciones de San Diego (EEUU) ha reabierto el caso que el museo esperaba haber cerrado. El juez de Pasadena estudiará si obliga a la Fundación Thyssen a devolver el cuadro a sus dueños
originales antes de que los nazis los obligaran a venderlo. El juez deberá determinar si la Fundación era conocedora del origen de la obra cuando la adquirió.
En 1939, los nazis forzaron a Lilly Cassirer a “venderles” (por 360 dólares y un permiso para huir de Alemania) la pintura, que 43 años después adquirió por 275.000 dólares el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002). Este fallo revierte la decisión del juez John F. Walter de Los Ángeles, que determinó hace dos años que la obra pertenecía al museo madrileño y que era la ley nacional española la que debía determinar la titularidad sobre el cuadro.
Carmen Cervera junto al cuadro de Pissarro. Efe
En 1943, la
Gestapo subastó la pintura. En 1958, el Gobierno alemán reconoció la propiedad de Lilly Cassirer, que fue indemnizada con
60.000 euros por el expolio. El Gobierno alemán le reconoció sus derechos sobre la pintura. En aquel momento se desconocía el paradero de la obra y se creía destruida. Pero en el año 2002, y amparado por la Conferencia de Washington sobre las confiscaciones de arte nazi de 1998,
Claude Cassirer, nieto de Lilly, reclamó al reino de España y a la Fundación Thyssen la devolución de la pintura. La obra descansaba en el Palacio de Villahermosa como parte de
la colección adquirida por el gobierno español por
350 millones de dólares, en 1993.
España se opuso a la petición y desde entonces los Cassirer han demostrado un fondo inagotable para consumir todos los recursos jurídicos posibles.
Ahora, el tribunal norteamericano asegura que el museo no ejecutó el protocolo adecuado para demostrar si la obra de arte provenía de un saqueo nazi. Los nietos de Lilly, David y Ava, mantienen que el Museo Thyssen no quiso ver una etiqueta “desgarrada” en la parte posterior de la pintura, en la que se podía leer: “Berlín”, con la dirección de los miembros de la familia Cassirer. En un comunicado oficial, los Cassirer explican que están “muy contentos con la decisión de la Corte. “Esa etiqueta en la parte posterior es una prueba inequívoca de que España y el museo sabían que la pintura fue saqueada por los nazis”.
Pero en el caso ha entrado un nuevo jugador en contra de los intereses españoles: la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España, representadas por Bernardo M. Cremades, Jr. del despacho B. Cremades & Asociados en Madrid, se personaron en el procedimiento de apelación como terceros interesados (amicus curiae) para contribuir a la devolución del cuadro a la familia Cassirer.
Esta parte considera que el juez de distrito no debió declarar la prescripción adquisitiva del cuadro porque el artículo 1956 del Código Civil español dispone que "las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta, o su pena, y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta".
A pesar de ello, el abogado de la Fundación Thyssen, Thaddeus J. Stauber, asegura al hilo de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Francisco que están satisfechos de que el tribunal “haya reconocido que es la ley española la que establece la propiedad legal de la Fundación”. “Como el Barón Thyssen-Bornemisza adquirió la pintura de buena fe en 1976 y la Fundación, a su vez, adquirió la pintura de buena fe en 1993 -donde ha estado siempre expuesta al público- seguimos confiando en que la propiedad de la pintura de la Fundación será confirmada una vez más”, añade.
Compromiso incumplido
La familia siempre ha llamado la atención sobre la negación de la devolución, cuando en las últimas dos décadas, tanto museos como particulares de todo el mundo han devuelto el arte incautado por el ejército alemán. Los Cassirer ya han anunciado que van a luchar hasta el final y tanto David como Ava se niegan al pago de una compensación. Quieren el cuadro.
A la familia le cuesta creer que un coleccionista de arte de su categoría desconociera la procedencia ilegítima de la maravillosa obra de Pissarro. Además, España firmó los acuerdos de Washington de 1998, en los que se aclara que los países incluidos se comprometerán a devolver el arte robado por los nazis y a facilitar soluciones a las disputas sobre propiedad. Para los Cassirer, España está incumpliendo su compromiso.
Un cuadro en Wikileaks
El contencioso Pissarro quedó grabado en los archivos de Wikileaks. El 17 de junio de 2005, salió un cable de la embajada norteamericana de Madrid, cuyo destino no aparece reflejado. Un enviado especial norteamericano para asuntos relativos al Holocausto se encuentra con la enviada española de asuntos judíos. Ambos debaten sobre la reclamación de Claude Cassirer.
A lo largo de la documentación descubierta por Wikileaks se evidencian los tiras y aflojas entre los EEUU y España por este asunto. Los ministros de Cultura Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González Sinde se ven envueltos en la polémica. El enviado norteamericano presiona para resolver la disputa sin llegar a tribunales. Pero su homóloga española le explica que la solución no va a ser fácil. Anota que el museo quiere retener la pintura en su colección y que el proceso legal será largo. Y apunta que el sistema judicial norteamericano no tiene jurisdicción en este caso y que se aplicarán las leyes españolas porque el cuadro radica aquí.
Entonces entra en escena el ministro César Antonio Molina, que comunica al embajador que quiere reunirse con la familia en EEUU para resolver el asunto de una vez. El embajador norteamericano se sienta con el entonces ministro de Cultura, el 2 de julio de 2008, en plena tormenta del cazatesoros Odissey. Pero el embajador descubre una solución insólita: a pesar de que el Odissey y el Pissarro son dos cuestiones legales distintas, se podría hacer lo posible para resolver ambos asuntos de una manera que favoreciera la relación bilateral.
Las cloacas del arte
El embajador estaba proponiendo al ministro un canje: el Odissey por el Pissarro. Pero Cesar Antonio Molina aclara que esa no es la opción ni el camino. Molina, fiel a su voluntad volcánica, advirtió que nadie puede devolver la pintura sin un procedimiento legal.
Dos años más tarde, el embajador se reúne con Ángeles González-Sinde y le pide el cuadro. Los responsables que acompañan a la ministra adelantan que en el Estado español está prohibido deshacerse de propiedades u ofrecer compensaciones. Y el embajador: “Busque soluciones”, porque la compensación por el robo, reconocida por el gobierno alemán, demuestra que la propiedad original del cuadro es innegable.
Después de reprochar a la ministra ignorar la firma de la carta de Washington (“España firmó las declaraciones de principios, pero posee una pintura que los nazis obligaron a su propietario original a vender”), el embajador le pregunta a González-Sinde qué evitaría que España jugara este proceso “fuera de los procesos legales”.
Fuente
http://www.elespanol.com
