Este articulo solo es relevante para los lectores que estén interesados en conocer la situación de Catalunya en relación a España.
La manifestación “Catalunya, nou estat d’Europa” (Catalunya, nuevo estado de Europa) tuvo lugar en Barcelona durante la Fiesta Nacional de Catalunya del 11 de septiembre de 2012. Fue organizada por la Asamblea Nacional Catalana, la presidenta de la cual, Carme Forcadell, dijo que “el 12 de septiembre el Gobierno tendrá que empezar a trabajar por 
la independencia de Catalunya“. Todas las crónicas y todas las editoriales de los diarios catalanes del día siguiente explicaron que la manifestación fue inequívocamente independentista. Fue una jornada histórica, por cifras y por el tono marcadamente independentista de la marcha, nunca vista antes en una movilización tan multitudinaria. La afluencia de participantes a la marcha fue masiva, sorprendiendo a todo el mundo y teniendo un claro eco internacional. Las estimaciones de asistencia fluctúan entre 1,5 millones, según la Guardia Urbana y el Departamento de Interior catalán, hasta unos 2 millones según los organizadores del acto, aunque desde medios del Gobierno español se rebajó esta cifra. Después de esta manifestación, según Rubén Díaz Caviedes, en “El Confidencial“: “Está por ver qué cosas cambiarían y si lo harían para bien en un hipotético Estado catalán. De alcanzar la independencia, la actual autonomía de Catalunya se convertiría en una república soberana con algo más de siete millones y medio de habitantes. Por extensión y población sería el tercer país de los cuatro que integrarían la Península Ibérica y su capital, más que presumiblemente, sería Barcelona“. Parece que el proceso ya está en marcha, pero tiene sus plazos, según el Presidente de Catalunya, Artur Mas, en relación a la posible independencia de Catalunya, después de la multitudinaria marcha independentista celebrada en Barcelona durante la Diada. “Se ha producido un sentimiento de fatiga mutua. Catalunya cree que puede hacer mucho más dentro del conjunto del Estado español, y creo que España se cansa también de la forma de actuar que tenemos los catalanes”, dijo Artur Mas.
la independencia de Catalunya“. Todas las crónicas y todas las editoriales de los diarios catalanes del día siguiente explicaron que la manifestación fue inequívocamente independentista. Fue una jornada histórica, por cifras y por el tono marcadamente independentista de la marcha, nunca vista antes en una movilización tan multitudinaria. La afluencia de participantes a la marcha fue masiva, sorprendiendo a todo el mundo y teniendo un claro eco internacional. Las estimaciones de asistencia fluctúan entre 1,5 millones, según la Guardia Urbana y el Departamento de Interior catalán, hasta unos 2 millones según los organizadores del acto, aunque desde medios del Gobierno español se rebajó esta cifra. Después de esta manifestación, según Rubén Díaz Caviedes, en “El Confidencial“: “Está por ver qué cosas cambiarían y si lo harían para bien en un hipotético Estado catalán. De alcanzar la independencia, la actual autonomía de Catalunya se convertiría en una república soberana con algo más de siete millones y medio de habitantes. Por extensión y población sería el tercer país de los cuatro que integrarían la Península Ibérica y su capital, más que presumiblemente, sería Barcelona“. Parece que el proceso ya está en marcha, pero tiene sus plazos, según el Presidente de Catalunya, Artur Mas, en relación a la posible independencia de Catalunya, después de la multitudinaria marcha independentista celebrada en Barcelona durante la Diada. “Se ha producido un sentimiento de fatiga mutua. Catalunya cree que puede hacer mucho más dentro del conjunto del Estado español, y creo que España se cansa también de la forma de actuar que tenemos los catalanes”, dijo Artur Mas.
Mucha gente habla de este tema en un sentido u otro, en muchas ocasiones de manera demagógica y sin aportar datos objetivos. Mi interpretación de las causas que han llevado a la situación actual, las resumo con un ejemplo. Se trata de una pareja en que la mujer (aunque podría ser también otro tipo de pareja) le dice al marido, Pepe, que necesita más espacio y libertad para sus propias inquietudes y aficiones. Pero el marido quiere controlar lo que hace y además decirle lo que tiene que hacer. La mujer insiste durante años y siempre se encuentra con la misma reacción. Un día, el marido llega a casa y llama a su mujer, pero no contesta. En la mesa del comedor ve una nota, se pone las gafas y, con gran estupefacción, lee lo siguiente: “Adiós para siempre Pepe, te deseo suerte“. De hecho, en el caso de una independencia, está por ver qué cosas cambiarían y si lo harían para bien. Tal como hemos dicho, de alcanzar la independencia la actual autonomía de Catalunya se convertiría seguramente en una república soberana con algo más de siete millones y medio de habitantes. Por extensión y población sería el tercer país de los cuatro que integrarían la Península Ibérica y su capital, más que presumiblemente, sería Barcelona. Albert Aixala, presidente de la Fundació Rafael Campalans, advierte de que este escenario abre unos interrogantes “a los que el independentismo aún no ha respondido”. Aixala se pregunta, a modo de ejemplo, si el castellano seguiría siendo lengua oficial en una Catalunya independiente o si los ciudadanos que lo deseasen tendrían la doble nacionalidad. Lo cierto es que el catalanismo pone el foco en lo económico y territorial. Marc Perelló, profesor de Comunicación de la Universitat Abat Oliba CEU, explica que la organización territorial de un Estado catalán exigiría “empezar desde cero” para adaptarse a los cambios, trascendiendo en parte las estructuras hoy vigentes. “Hay que diferenciar la nación cultural de la nación política”, explica Agustí Colomines, presidente de la Fundació Catalanista y Demòcrata. Según él, las regiones catalanoparlantes adyacentes a Catalunya “no están sobre la mesa” en el debate de la secesión. “Otra cosa sería que una Catalunya independiente privilegiase las relaciones culturales con otros territorios de habla catalana, como hace España con los países de habla hispana, pero hoy por hoy sólo se contempla la emancipación de la Catalunya estrictamente autonómica”. Colomines explica que el verdadero valor de un hipotético nuevo esquema territorial reside en la representación de las “jurisdicciones territoriales”. Según él, un Estado catalán necesitaría “una ley electoral proporcional que representase fielmente a los territorios internos“.
Joan Tapia es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Ha sido director de La Vanguardia, de BTV y de TVE en Catalunya. También fue asesor del ministro de Economía Miguel Boyer y director del Departamento de Información y Relaciones Exteriores de La Caixa. Actualmente colabora en El Periódico de Catalunya, además de participar en numerosos programas de radio y televisión. Como no es un independentista, creo que lo que escribió a 3/4/2012 puede desvelar parte de la explicación de la situación actual: “¿Por qué la desafección?. En Madrid se cree que es porque el nacionalismo ha dominado la Generalitat desde 1980. Pero el ABC de Luis MaríaAnson hizo a Jordi Pujol español del año y en el caso GAL –cuando la derecha española quiso liquidar a Felipe González tras no lograrlo con la OTAN- Pujol demostró más sentido de Estado (español) que Aznar. Pero como la gran asignatura de este decenio es superar la crisis conviene analizar lo que pasa con racionalidad …. Lo único importante a corto es evitar que la autonomía española (y la catalana) sea maltratada por una Europa poco europeísta y que no sabe bien adónde va, pero que tiene una moneda única de la que no nos interesa salir. Vamos a ello. Todas las encuestas (antes de abril 2012) dicen que en Catalunya el independentismo no es mayoritario pero que la desafección crece. Y en Madrid se generan dos respuestas negativas, tampoco mayoritarias. La primera: “¡pero qué se han creído!, ¡son España y punto!”; la segunda, “¡pues que se larguen, que estamos hartos!”. Si a la crisis le añadimos la exacerbación de un conflicto nacional -que desde el 77 a casi el 2000 no gestionamos mal-, no ganamos nada. Para mí el problema se agravó cuando, en círculos diferentes, se empezó a predicar que había que acabar con la ambigüedad. El éxito de la transición y la Constitución fue precisamente la ambigüedad. Roca y Solé Tura podían decir en Catalunya que el término “nacionalidades” –y el trato diferente a las autonomías históricas- era un reconocimiento “nacional”. Y Alfonso Guerra y Fernando Abril creían que la Constitución blindaba la unidad nacional. Funcionó (de momento). Pero luego resucitó en España el “cainismo”, el que en un país más atrasado llevó a la guerra civil. Aznar ganó en el 96 envuelto en el nacionalismo ¡y criticando algo tan inocente como la cesión socialista del 15% del IRPF a Catalunya! Y en la calle Génova aquella noche se gritó “Pujol, enano, habla en castellano”. Pero la aritmética parlamentaria hace mas milagros que Fátima y Pujol y Aznar se entendieron. Luego la mayoría absoluta de Aznar lo complicó todo“.
Y sigue Joan Tapia: “Y cuando el PP volvió a la oposición, convirtió en una prioridad el combate contra el nuevo Estatut. Había habido errores, como la marginación del PPC, pero lo votó el 85% del Parlament catalán. Y las Cortes españolas lo corrigieron y le dieron luz verde. Los dos grandes partidos catalanes –CiU y PSC – aceptaron la rebaja y el pueblo catalán lo aprobó en referendo por amplia mayoría pese a la oposición –por motivos antagónicos- del PPC y ERC. Pero el PP no sólo recurrió al Constitucional una ley orgánica aprobada en Cortes por todos los grupos menos él, sino que lanzó en toda España una campaña contraria. Por ser suaves, algo anticatalana. El objetivo no era sólo el Estatut, sino (cainismo español) liquidar a Zapatero. Pero aquella versión “light” de “ni roja ni rota” envenenó las cosas en Catalunya, donde además el partido nacionalista moderado, dominante desde el 80, estaba frustrado por la pérdida de la Generalitat. Hacer política a corto (ganar las próximas elecciones) con un asunto vidrioso como el encaje de una nacionalidad (Constitución dixit) en una nación, es insensato. Aunque lo hagan políticos que presumen de templados. Lo más grave fue que después algo votado por el Parlament, por las dos cámaras españolas y por el pueblo catalán, fue anulado en parte –tras años de esperpéntico espectáculo- por el Tribunal Constitucional. Que el cainismo (PP llevaba al Constitucional, al que convertía en tercera cámara, todo lo que el PSOE aprobaba) provocara que el PSOE liquidara el recurso previo de inconstitucionalidad (que una ley recurrida no entre en vigor hasta su revisión por el Constitucional) es algo curioso. Y de lo que el Estatut no tenía ninguna culpa. Rajoy –aparte de los errores del catalanismo y del PSC- recurrió el Estatut para satisfacer al nacionalismo español y para liquidar a Zapatero. Y luego éste no logró (¿por desidia?, ¿por falta de convencimiento?) que el Constitucional avalara lo que él –como presidente del Gobierno español- pactó y dijo que era un paso histórico. Fue (crisis aparte) su gran fracaso político. La consecuencia es que en muchos catalanes que no votan al PPC y al PSC -la mayoría en las elecciones catalanas pero no en las legislativas- haya subido la desafección. Y el nacionalismo se ha radicalizado. Ahí estamos. ¿Por qué no constatar que la exacerbación del conflicto no ayuda a resolver los problemas de la España y la Catalunya del 2012?”.
Los nacionalistas quieren una Catalunya independiente, pero dentro de la Unión Europea. Europa, no obstante, puede tener otros planes. Bruselas recordó esta misma semana que una hipotética secesión de Catalunya implicaría que quedase fuera de la Unión Europea.El anuncio lo hacía del portavoz de la Comisión Europea, Oliver Bailly, después de la convocatoria de la manifestación independentista de la Diada bajo el lema “Catalunya, nuevo estado de Europa“. Bailly afirmó que “no hay disposiciones en los tratados de la UE sobre la secesión de una región de un Estado miembro” y explicó que, ante esta ausencia,una Catalunya independiente se vería obligada a formalizar su ingreso a través del proceso que ha seguido cualquier otro país. Pero Albert Aixala mantiene que la cuestión europea “es un escollo también para España”, ya que la independencia catalana obligaría a modificar los tratados que ha firmado. “Sería un país con muchos menos millones de habitantes, y los representantes de otros países exigirían reducir el porcentaje de representación”, pone como ejemplo. Pese a que la voluntad europea del independentismo es clara, Aixala advierte de que la secesión “plantearía un problema de primer orden a la Unión Europea. Con independencia de la voluntad, tiene que haber un acuerdo legal previo”. De hecho, la voluntad de independencia es un pobre argumento si no hay vigor económico, y el catalanismo recurre a las cuentas para justificar que le iría mejor sin España. En su análisis “Viabilidad de Catalunya como Estado. Análisis de la Hacienda Pública“, publicado en agosto de 2012 por la Fundació Catalanista y Demòcrata, se concluye que una Catalunya independiente tendría un superávit de entre 922 millones de euros –con datos de 2009, castigado por la crisis– y 21.071 millones –con datos de 2007–, y que su PIB per cápita estaría un 9% por encima de la media de los primeros quince países de la Unión Europea. El análisis recoge los informes de varios economistas y expertos en Hacienda Pública, como Nuria Bosch y Marta Espasa, de la Universidad de Barcelona. Después de su investigación, Bosch y Espasa mantienen que un Estado catalán se situaría en una posición similar a la de Suecia y Dinamarca tanto en PIB per cápita como en nivel de exportaciones –alrededor del 52% del PIB–, y concluyen que sería un Estado “completamente viable” manteniendo los niveles de prestaciones y presión fiscal actuales. Unos datos tan positivos que, de ser reales, harían que Catalunya obtuviera unos ingresos adicionales netos que se podrían dedicar a incrementar los servicios públicos o a bajar los impuestos, según estas expertas.
“El único argumento fuerte que hay sobre la mesa es el técnico-económico“, sostiene Oriol Homs, Director de la Fundación Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo–CIREM–. Catalunya mantiene con el Estado “una relación desequilibrada“, sostiene, que “lleva a Catalunya al empobrecimiento“. Una desigualdad que, según él, es el verdadero “tema de fondo” en el debate sobre la secesión: “Alimenta esa sensación de que en España no nos quieren, en particular en una situación de crisis que afecta a ambas partes“. “Si Catalunya fuera independiente sería una de las economías más sanas del mundo y los mercados se pelearían por prestarle dinero”; “Formar parte de España en estos momentos es una lacra que se paga cara”; “El rescate da la razón a los independentistas: tal y como está estructurada España, Catalunya es inviable. Y España… también”. Frases como éstas están en un post de Xavier Sala Martín, en el que el catedrático de Economía de la Universidad de Columbia analiza el rescate a Catalunya. La controversia gira en torno a dos cuestiones: cómo ha llegado Catalunya a convertirse en la comunidad más endeudada de España y quién es el principal responsable: la Generalitat o el Gobierno central. El economista responsabiliza de la situación actual a los anteriores gobiernos de la Generalitat. Destaca que la deuda aumentó casi en un 50% (de 10.900 a 15.776 millones) durante los tripartitos encabezados por Pascual Maragall y José Montilla, pese al boom económico que caracterizó aquellos años. La clave: se dilapidaron los ingresos extraordinarios. “Todos sabemos la lista de malgasto: construcción de aeropuertos y otras infraestructuras absurdas, despilfarro masivo en un Fórum de las Culturas lamentable, aumento del gasto sanitario como si la bonanza tuviera que durar toda la vida, cartillas para todo el mundo, contratación de amigos, parientes y afiliados, campañas de publicidad con fines electorales, etc…”, señala.
Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas se supone que deberían ser un instrumento de información económica que imputase territorialmente los ingresos y gastos de las instituciones del sector público en un periodo de tiempo determinado, y calcular el saldo fiscal resultante en cada territorio. Es una de las herramientas con que debería contar un gobierno para diseñar su política fiscal. Su propósito es el de identificar el saldo que supone para una Comunidad Autónoma el total de gastos de la Administración Central en su ámbito territorial, menos la suma de sus aportaciones a la Hacienda Pública. La realización de balanzas fiscales surge en España como demanda de las nacionalidades històricas que existen en el estado Español, especialmente desde Catalunya. Bajo su punto de vista, el esfuerzo fiscal que soportan genera un déficit que resulta perjudicial para el desarrollo económico de Catalunya y también para la propia España, al perjudicar a uno de los motores económicos de España. El Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió públicamente durante el discurso de investidura de éste, el 8 de marzo de 2008, a publicar las balanzas fiscales por CCAA. Fruto de este compromiso, el gobierno encargó su elaboración al Instituto de Estudios Fiscales, haciéndose público el 15 de julio de 2008 el primer informe elaborado por el mismo, titulado “LAS BALANZAS FISCALES DE LAS CC.AA. ESPAÑOLAS CON LAS AA. PÚBLICAS CENTRALES. 2005″ Pero este fue el último y único informe publicado.
Tal vez la explicación de la no publicación de las balanzas fiscales resida en lo que dijo el catedrático de estructura económica de la Universitat Ramon Llull, Santiago Niño-Becerra, a 16/5/2012, “Catalunya da a España el 8,7% de su PIB (la parte de los impuestos que no vuelve a Catalunya), cosa que se traduce en un total de 16.000 millones de euros anuales“. Y ha asegurado que si este dinero se quedaran en Catalunya, no tendría déficit de cuentas propio y la deuda de Catalunya se podría liquidar en tres años, por lo que no habría necesidad de ningún recorte. Según Niño-Becerra, esta es una cifra “muy importante”, pero matizó que estos datos son del año 2005, “porque son las únicas que el gobierno de Madrid ha querido publicar”. El economista ha criticado que el gobierno español “se comprometió a publicar las del 2009 y no lo hizo, y ningún partido se lo ha pedido”. Así lo ha dicho en una conferencia de ayuda a los niños de Ucrania, donde también se le preguntó por qué el gobierno del Estado no publica las balanzas fiscales interregionales. A su entender, no lo hace “porque no quiere, puesto que es dinamita”. El catedrático de estructura económica ha explicado también que como Catalunya tiene un déficit muy elevado tiene que emitir un nivel de deuda pública a la vez muy elevado para cubrir sus necesidades.
Germá Bel publicó, en Dossier Económico, un interesante artículo titulado “BALANZAS FISCALES: TANTA DISCUSIÓN, ¿NO ACABARÁ EN MONÓLOGO?” . En dicho artículo se explica que ahora que ya casi todo el mundo ha oído hablar de las balanzas fiscales, cada vez más será una cuestión de controversia entre especialistas, mucho más que una seria discusión social y política. Con la generalización del debate hemos descubierto que no es lo mismo calcular las balanzas fiscales imputando los gastos del Museo de Prado a la Comunitat de Madrid o al conjunto de España. Porque la primera metodología, la del flujo monetario, hace que entre los territorios más grandes Catalunya esté a la cabeza de la clasificación de déficits fiscales, con 9 puntos del PIB, punto arriba punto bajo, y Madrid mucho menos, con un déficit fiscal de 3 puntos del PIB. En cambio, con la metodología del flujo del beneficio, es Madrid la que tiene más déficit fiscal, con 11 puntos del PIB, por encima de los 7 puntos que tiene Catalunya con esta metodología (según el último trabajo de las economistas Núria Bosch y Marta Espasa). En el caso de Baleares, aunque en % es el más alto, en cifras absolutas es muchisimo más bajo que en Catalunya. Pero ya sabíamos que no era lo mismo el resultado de las balanzas fiscales según la metodología de cálculo empleada. El que todavía no sabíamos era que España se llenaría de entusiastas del flujo del beneficio, que conduce inevitablemente a que las capitales administrativas estén al frente de las estimaciones de déficit fiscal. De hecho, ya empieza a ser de uso frecuente el argumento que, al fin y al cabo, Madrid es quien tiene un déficit fiscal más grande. Y aún así, sorprendentemente, no le sabe mal ser aparentemente tan solidaria ni plantea ninguna exigencia de reducción de su déficit fiscal.
Todo esto tiene suficiente relevancia. La interpretación ambivalente del saldo fiscal de Madrid, moderado según una metodología, e intenso según la otra, conducirá inevitablemente a la alineación de los economistas y de los políticos con la metodología que ofrezca los resultados más ‘convenientes’. Las excepciones serán esto: excepcionales. Y este es el final del debate político centrado en las balanzas fiscales en España. No interesa ahora discutir aquí cuál de las dos metodologías es la más idónea. De hecho, cada una analiza cosas diferentes. Y sobre todo porque, como dice el profesor Guillem López Casasnovas, el asunto de las balanzas fiscal no es propio de un pacto metodológico, porque la discusión sobre balanzas fiscales es más política que no científica. ¿Es lógico que un territorio tenga déficit (o superávit) fiscal con otras partes de la misma comunidad política estatal? Por descontado que sí. La cuestión política fundamental no es la del déficit (o superávit) fiscal, sino la opinión que se tenga sobre la pertenencia, o no, de Catalunya en la comunidad política de España. Si se considera la independencia como mejor opción, entonces no hay que gastar demasiado tiempo discutiendo sobre balanzas fiscales. Cualquier grado de déficit fiscal es malo y empobrecedor. Y, al fin, la secesión rompe la balanza fiscal. Aunque siempre quedan los de la Unión Europea. Si, en cambio, se considera oportuno que Catalunya forme parte de la comunidad política de España, entonces pasamos al siguiente párrafo.
En este contexto, la existencia de un cierto grado de déficit fiscal es lógico, pues es habitual en las sociedades más desarrolladas que algunos servicios -como la educación o la salud- estén al alcance de todo el mundo de una forma bastante igualitaria. Por eso, la balanza fiscal entre territorios deja de ser útil desde el punto de vista del debate político. Porque una balanza fiscal no dice absolutamente nada si no se añaden una serie de patrones normativos para la distribución de los gastos entre los diferentes territorios. En el caso de los ingresos las reglas van generalmente a nivel personal sin distinción de territorios. La cuestión central ya no es déficit fiscal o no, sino cuál es el patrón normativo que pensamos que es mejor para evaluar la aportación y la percepción de cada territorio en términos fiscales. Hay una cuestión que se ha puesto explícitamente sobre la mesa: pagar según la riqueza y recibir según la población. A Germá Bel le gusta este enfoque, ya que tiene algo de reedición de aquel viejo principio marxista: “de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades”. Y entonces se puede mirar quién cumple de sobra (como Catalunya) y quien no cumple ni de lejos. ¿Hay mejores patrones normativos? Si alguien formula algún otro, entonces lo podremos evaluar. Para acabar, una cosa sobre la que puede haber un acuerdo muy amplio: la necesidad de que haya transparencia. Germá Bel no cree que las balanzas fiscales sean un instrumento que ayude a la discusión política. Aun así piensa que pueden ayudar a que haya más comprensión en el conjunto de España sobre el que pasa realmente y cómo circulan realmente los flujos fiscales entre territorios. Y por eso, la metodología que se use (mejor las dos) no hace demasiada diferencia, exceptuando el caso de Madrid. Pero algunos políticos en España tienen miedo a la transparencia. Esto se supone que deberían ser cosas del pasado, de la vieja política que necesitaba excitar pasiones basadas en la carencia de información (tanto en el resto de España como en Catalunya)..
Últimamente han tenido lugar una serie de acontecimientos que han hecho pensar en la oportunidad de concretar algunos aspectos ligados a las balanzas fiscales. Uno de estos puntos es la preocupación manifestada por los economistas sobre la incidencia que el déficit fiscal puede tener en el desarrollo futuro de la economía catalana, malestar que comparten el 70% de los encuestados en los últimos sondeos de coyuntura del Col•legi de Economistas de Catalunya. Otro aspecto a destacar es la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado del 2012 dónde, entre otras reducciones, se sitúa la inversión real en Catalunya en el 11’1% del total, muy lejos del 18,8% de la disposición adicional tercera del vigente Estatuto y que reflejaría, por lo tanto, un nulo impacto corrector en el déficit fiscal histórico. Por otro lado, también hay la polémica y baile de cifras surgidos a raíz de la presentación del estudio del Departamento de Economía y Conocimiento correspondiente al periodo 2006-2009, que pudo dar la impresión, como acertadamente denunciaba el profesor Guillem López Casasnovas, experto y pionero en estos tipos de trabajos, que los cálculos y supuestos utilizados por los economistas eran débiles y con un alto grado de discrecionalidad. Y, finalmente, hay que tener en mente la revisión del modelo de financiación de la Generalitat de Catalunya que, preceptivamente, tendrá que efectuarse a finales de este año 2012 y dónde, con toda seguridad, la discusión sobre las balanzas fiscales volverá a apareixer.
Estamos delante, por lo tanto, de un tema recurrente y permanente en los ámbitos académicos, políticos y económicos, de forma que, a fin y efecto de facilitar el debate en cuanto a su vertiente económica, vale la pena concretar cuáles son sus conceptos básicos. En primer lugar, la balanza fiscal pretende concretar la diferencia entre los impuestos y otros ingresos aportados desde Catalunya al sector público central y los gastos e inversiones que este mismo sector público destina. Este cálculo se puede hacer considerando el saldo resultante de la Seguridad Social o bien excluyéndolo. En segundo lugar, la información presentada en el estudio mencionado (periodo 2006-2009) se ha elaborado siguiendo la metodología del grupo de trabajo de expertos creado en 2004. Esta metodología ha sido aplicada a las sucesivas actualizaciones, la última de las cuales se ha hecho con la colaboración de la doctora Marta Espasa, de la Universitat de Barcelona (UB), que participó en el mencionado grupo de expertos. Hay, por lo tanto, homogeneidad en los cálculos de las series presentadas. Hay que decir también que el método no difiere del que ha utilizado el Instituto de Estudios Fiscales, que realiza estos tipos de cálculos por encargo del Gobierno español. En tercer lugar, en las balanzas fiscales se admiten básicamente dos tipos de enfoques, cada uno de los cuales explica efectos económicos diferentes. El primero se basa en el método del flujo monetario. Este mide el impacto económico generado por el sector público en el territorio, es decir, allá donde se origina y donde se aplica la renta monetaria y es especialmente apropiado para valorar la incidencia del sector público en el crecimiento económico. Por ejemplo, los salarios de los funcionarios de los servicios centrales de los ministerios en Madrid, aunque se imputen a todas las autonomías, en su mayor parte se gastarán en esta misma ciudad y así lo refleja el método del flujo monetario.
El segundo método se basa en el beneficio y consiste, esencialmente, al repartir la carga tributaria y el gasto al territorio en función de los beneficios que se estima que obtienen sus residentes, independientemente del lugar concreto donde estos se producen. Podría decirse que es más apropiado para medir la función redistributiva del sector público. Presenta la dificultad de establecer hipótesis de los beneficiarios y de cuánto se benefician del gasto y de la inversión pública. En este caso, por ejemplo, los salarios de los funcionarios de los servicios centrales de los ministerios de Madrid se reparten por todas las comunidades porque se interpreta que su trabajo y su coste beneficia a todos los ciudadanos del estado. En uno y otro método –y no tendría que considerarse por lo tanto un método diferente sino un perfeccionamiento técnico obligado– se procede a la neutralización del déficit/superávit del sector público central, es decir, se considera que este ni se endeuda ni ahorra, de forma que se elimina el impacto del ciclo económico. Las razones de esta neutralización son diversas. Teniendo en cuenta que la suma de todos los saldos netos aportados por unas comunidades tiene que ser igual al conjunto de recursos netos recibos por el resto, en caso de déficit del sector público central, como es la situación actual, todas las comunidades tendrían que tener un saldo altamente favorable (recibirían mucho más del que aportan), hecho que ignoraría que el déficit es realmente fruto de unos ingresos anticipados que se cubren con endeudamiento, la amortización del cual acabará distribuyéndose en relación a la participación que cada comunidad tiene en los ingresos totales de los sector público central (que es del 19,5% en el caso de Catalunya). Visto desde otro punto de vista, si no se considera este déficit, se reduce, obviamente, el saldo de las comunidades aportadores netas de recursos, pero se mantiene la distancia con las comunidades receptoras netas, prácticamente todas. Sin cuestionar el interés al perfeccionar cualquier tipo de cálculo, parece que el debate sobre las balanzas fiscales y el déficit/superávit puede centrarse, por lo tanto, en el análisis de los datos y de su efecto en el crecimiento y en el bienestar que generan a los ciudadanos, puesto que la información que integran es sólida y válida para tomar decisiones.
El estallido de la crisis no frenó el derroche del gobierno catalán. Sala Martín lo achaca a que éste se había comprometido a un gasto público elevado y tampoco se tomó en serio la recesión económica. En consecuencia, “la diferencia entre el gasto y los ingresos y, por lo tanto, la deuda pública, se disparó y pasó de 15.776 a 20.825 millones en un año”. En este punto de su análisis, el economista muestra su lado más catalanista. Sostiene también que Catalunya tiene el mercado cerrado porque “forma parte de España”. Y pone como ejemplo a grandes compañías, como Gas Natural, ACS o Telefónica, que desde hace meses “tienen verdaderos problemas a la hora de conseguir dinero para financiar sus operaciones por el simple hecho de que los mercados internacionales las asocian con España, independientemente del sector en el que operan, de lo bien gestionadas que estén o de si una parte importante de sus ingresos provienen del extranjero. Formar parte de España en estos momentos es una lacra que se paga cara”. Sala Martín carga también con dureza contra el gobierno español de Mariano Rajoy. Critica que haya impuesto duras políticas de reducción del gasto a las autonomías mientras marca un objetivo laxo para la administración central. En su opinión, el Ejecutivo ha provocado que los mercados cierren el grifo de la financiación a las Comunidades Autónomas, porque “se ha dedicado a ir por el mundo diciendo que el responsable principal del déficit son las comunidades autónomas, a pesar de que el 60% del déficit total corresponde a la administración central”.
Según Núria Bosch y Marta Espasa, del Institut d’Economia de Barcelona (Universitat de Barcelona), muchos ciudadanos de Catalunya aspiran a que este país consiga tener la máxima plenitud y soberanía en el seno de la Unión Europea. En este sentido, Catalunya como estado propio dentro de la UE es un horizonte que debemos plantearnos, y esto hace que nos preguntemos por su viabilidad. ¿Cuál sería el coste, si lo hubiera? ¿Qué ventajas tendría? En un detallado y objetivo estudio titulado “VIABILIDAD DE CATALUNYA COMO ESTADO. ANÁLISIS DE LA HACIENDA PÚBLICA” y publicado en la Fundació CatDem, estas economistas hacen un análisis de la viabilidad de Catalunya como estado desde el punto de vista de las finanzas públicas. Este artículo está basado en gran parte en este interesante estudio. Trata de contestar a preguntas como las siguientes: · ¿Los ingresos públicos potenciales que se generarían permitirían mantener el actual estado del bienestar? · ¿Qué gastos adicionales tendríamos como estado?· ¿Con qué estados actuales europeos nos podríamos equiparar? Para hacer este análisis parten, básicamente, de los estudios sobre la balanza fiscal hechos por la Generalitat de Catalunya. Estos estudios permiten conocer los ingresos fiscales que tendría Catalunya como estado, si no hubiera una parte que revierte en el Estado español y que, por lo tanto, no se queda en Catalunya. También permite analizar los gastos adicionales que tendría Catalunya, ya sea por tener que asumir competencias que ahora están en manos del Estado español, como el sistema de seguridad social, o porque, como estado, las tuviese que asumir por primera vez, como por ejemplo, los gastos en política y representación exterior. Así pues, el estudio estima los ingresos y los gastos adicionales que tendría Catalunya como estado, y ello permitirá ver la posible viabilidad. Se parte de una serie de hipótesis, como que se mantendrían el sistema fiscal, la presión fiscal y el nivel de servicios públicos que hay actualmente. Hay que aclarar que el análisis que se hace contabiliza solo los flujos de ingresos y gastos, y no analiza la valoración de la distribución patrimonial que tendría lugar entre Catalunya y España en el caso de una Catalunya independiente. El período analizado en el estudio es el correspondiente a 2006-2009. El último año del período está condicionado por los estudios de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central, con el 2009 como último ejercicio para el que se ha calculado la balanza fiscal. También conviene señalar que el ámbito institucional que se considera en este trabajo es la Administración pública central española, entendida como el conjunto que configuran el Estado, los organismos autónomos y otras entidades públicas, así como la Seguridad Social y las empresas públicas de carácter inversor.
Si Catalunya fuera un estado, sería uno de los estados pequeños dentro de la Unión Europea de15 países (UE-15). Acogería un 1,84% de su población; según datos del 2010, unos 7.300.000 habitantes. Sería un estado un poco más pequeño que Suecia, que tiene 9.340.682. habitantes , y que Austria, con 8.375.290 habitantes; en cambio, en población, se situaría por delante de Dinamarca, con 5.534.738 habitantes, y Finlandia que tiene 5.351.427 habitantes. En lo relativo al PIB per cápita, Catalunya sería, dentro de la UE-15, un estado relativamente rico. Catalunya presenta, con datos del 2009, un PIB per cápita de 28.200 euros, cuando la media de la UE-15 es de 25.956. Esto significa que se sitúa un 9% por encima de la media. Con un PIB per cápita superior o igual, se encontrarían los siguientes países: Luxemburgo (63.018 euros, un 143% por encima de la media), Países Bajos (31.044, 20%), Irlanda (30.081, 16%), Austria (29.439, 13%), Dinamarca (28.921, 11%), y Suecia (28.270, 9%). Fijémonos en que se aproxima mucho al PIB per cápita que tiene otros estados pequeños en cuanto a población, como Dinamarca y Suecia. Con un PIB per cápita inferior habría los siguientes estados: Bélgica (27.786 euros,7% por encima de la media), Alemania (27.127, 5%), Finlandia (26.934, 4%), el Reino Unido (26.223, 1%), Francia (25.429, un 2% por debajo de la media), Italia ( 24.364, – 6%), España sin Catalunya (23.541, – 9%), Grecia (22.189, – 15%) y Portugal (18.803, -28%). El año 2007 Catalunya exportó en bienes y servicios una cantidad equivalente a un 52,20% del PIB, incluyendo, en esta cifra, las exportaciones al resto del Estado español (27% del PIB) y al resto del mundo (25,20% del PIB). Se observa que el grado de apertura es equivalente al de países como Dinamarca, con unas exportaciones del 52,22% de su PIB, y Suecia, con un 51,87%. Estos países son, también, los que más se parecen a Catalunya en lo relativo al nivel de producción.
Actualmente los catalanes pagamos impuestos al Estado español, a la Generalitat (Gobierno de Catalunya) y a los gobiernos locales. De los impuestos pagados al Estado español, una parte vuelve a Catalunya en forma de gasto público hecho directamente por el Gobierno central, o en forma de transferencias de recursos hacia la Generalitat, los gobiernos locales y el sector privado. Otra parte no vuelve y contribuye a financiar los gastos generales del Estado y la solidaridad hacia otras autonomías. Para contabilizar cuales serían los ingresos adicionales que tendría Catalunya si se convirtiese en un estado, el estudio parte de dos hipótesis: Se supone que se mantiene el mismo sistema fiscal que el existente hoy en día, es decir, la misma tipología de impuestos, así como el mismo nivel de la presión fiscal. En este contexto, los ingresos adicionales que tendría Catalunya serían los impuestos que pagamos actualmente al Estado español, menos las transferencias de recursos que hace el Estado a la Generalitat, ya que éstas, evidentemente, dejarían de darse. Actualmente, el Estado hace transferencias a la Generalitat, a las diputaciones y a los municipios; lógicamente, todas ellas dejarían de recibirse. Las transferencias a las diputaciones y a los municipios las contabilizaremos como un nuevo gasto que deberá asumir la Generalitat, ya que las tendrá que mantener, en cambio, las que recibe la Generalitat las substraeremos de los ingresos impositivos adicionales que obtendríamos con un estado propio, ya que en términos netos, en realidad, la Generalitat tendría unos ingresos provenientes de los impuestos que actualmente los catalanes pagamos al Estado, pero también unos ingresos de menos, provenientes de las transferencias que ahora hace el Estado y que dejaría de hacer. Los datos correspondientes a la contribución impositiva que actualmente hacemos los catalanes al Estado español, provienen del cálculo de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central en el período 2006-2009.
De acuerdo con los estudios de la balanza fiscal, hay dos metodologías para calcular los ingresos impositivos que los catalanes pagamos al Estado: el enfoque de flujo del beneficio y el enfoque del flujo monetario. El primer método imputa los ingresos al territorio donde residen las personas que finalmente soportan la carga. Por ejemplo, incrementos de impuestos sobre las empresas, como el IVA, se pueden traducir en incremento de los precios de sus productos, lo que supone que la incidencia efectiva del impuesto recaería sobre los consumidores finales de los productos en cuestión. Este efecto es relevante cuando los consumidores y las empresas residen en autonomías diferentes. El enfoque del flujo monetario imputa los ingresos al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen, es decir, donde se localiza el objeto imponible. El impuesto de sociedades pagado por una empresa que tiene el domicilio fiscal en Madrid y que, por lo tanto, se recauda en Madrid, pero que tiene situada la fábrica de producción en Catalunya, según este sistema, se imputa a Catalunya, que es donde se ubica el objeto imponible. En este estudio se parte del enfoque del flujo monetario, ya que es el que nos indica con más claridad los ingresos fiscales que se generan en Catalunya en función del nivel de renta, la riqueza o el consumo, independientemente de quien soporte finalmente la carga impositiva o de donde tenga lugar la recaudación de los impuestos, que depende de la organización de la Administración tributaria. Es el enfoque que nos muestra los ingresos fiscales que generaría Catalunya si fuera un estado independiente. En el ejemplo puesto con anterioridad, si Catalunya fuera un estado, la empresa con la sede en Madrid pero con la producción en Catalunya, tendría que pagar los impuestos en Catalunya, ya que el objeto de gravamen se localiza en ese país. De acuerdo con esta metodología, para llevar a cabo la territorialización de los ingresos, se establecen los indicadores que permitan conocer el volumen de los diferentes objetos de gravamen en Catalunya.
Más concretamente, la imputación en Catalunya de las diversas figuras tributarias tiene lugar de la manera siguiente: Los ingresos generados por el IRPF se imputan según el peso de Catalunya respecto al conjunto de comunidades autónomas de régimen común de la parte estatal de la cuota líquida; El impuesto de sociedades, según el peso de Catalunya respecto al conjunto de autonomías de régimen común en el excedente bruto de explotación;· El impuesto sobre la renta de los no residentes, de acuerdo con el peso de la recaudación en Catalunya respecto a la del conjunto de comunidades autónomas de régimen común; Las cuotas de derechos pasivos, según el número de afiliados a las mutuas de funcionarios en Catalunya, sobre el total; El IVA, de acuerdo con el indicador de consumo final estimado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la asignación regional del IVA en Catalunya; Los impuestos especiales, según los índices elaborados por el INE para la asignación regional de estos impuestos en Catalunya;· El impuesto sobre primas de seguros, de acuerdo con el valor de las primas contratadas en Catalunya, sobre el total;· La imposición sobre tráfico exterior y la cotización sobre el azúcar y la isoglucosa, según el peso del consumo final de los hogares de Catalunya en relación al total;· Las tasas y otros ingresos, según el peso del PIB de Catalunya, en que los principales ingresos de estos organismos son las tasas y otros ingresos; · Los ingresos de organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos, de acuerdo con el peso del PIB de Catalunya; Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, según el peso de la recaudación de Catalunya sobre el total; Otros ingresos de la Seguridad Social, en relación al peso del PIB de Catalunya, que están formados, básicamente, por tasas, precios públicos y otros ingresos;· Los ingresos de explotación de las empresas públicas, considerando Puertos del Estado y AENA. En el primer caso, se dispone de los ingresos procedentes de los puertos catalanes; en el segundo caso se han territorializado los ingresos de acuerdo con el porcentaje de pasajeros a los aeropuertos catalanes. En los ingresos adicionales que obtendría Catalunya como estado independiente, de acuerdo con las hipótesis establecidas y la metodología de cálculo utilizada, los ingresos impositivos son los siguientes: ingresos de organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos; ingresos de la Seguridad Social e ingresos de las empresas públicas (Puertos del Estado y AENA). De todos estos ingresos, se detraen las transferencias de recursos que actualmente hace el sector público central a la Generalitat, como hemos explicado antes. Hay que destacar la disminución de ingresos que tiene lugar a partir del 2008 a causa de la crisis económica. En el 2006 se computan unos ingresos adicionales de 49.270 millones de euros, que se incrementan hasta 53.915 el año 2007; en cambio, el 2008 bajan hasta 46.920 millones de euros y hasta 40.877 el 2009. Para tener en cuenta el impacto del ciclo económico, es más adecuado hacer el análisis del período 2006-2009, que incluye años de crisis y años en los que ésta no había incidido todavía en los ingresos públicos.
Si Catalunya fuese un estado, la Generalitat tendría que asumir una serie de competencias que actualmente están aún en manos del Estado español, como las becas, o que son propias de un estado, como la política exterior. El ejercicio de estas competencias se implementa a través del desarrollo de un marco regulador y, también, mediante toda una serie de políticas de gastos recogidas en los presupuestos generales del Estado. Precisamente, en este último aspecto se centra este apartado. En concreto, se pretende llevar a cabo un cálculo aproximado del aumento de gasto que supondría para la Generalitat el hecho de asumir todas esas funciones. Para hacerlo se ha partido de las estimaciones del estudio de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central 2006-2009 elaborado por la Generalitat el año 2012, ya que proporciona una información muy detallada del volumen y la composición del gasto estatal hecho en Catalunya (por ejemplo, el pago de pensiones) y del que se benefician los catalanes (por ejemplo, política exterior). Antes de entrar a hacer las estimaciones pertinentes, hay que recordar que hay dos grandes criterios de imputación territorial del gasto público: el enfoque del flujo monetario y el enfoque del flujo del beneficio. Según el enfoque del flujo monetario, el gasto se atribuye al territorio en el que éste se materializa, independientemente del lugar geográfico donde se ubiquen los beneficiarios finales de esta decisión. Por lo tanto, el gasto se imputa donde se localizan el personal, la utilización de bienes corrientes y servicios, la percepción de las transferencias y la realización de las inversiones. Según el enfoque del flujo del beneficio, la asignación del gasto se imputa al territorio donde reside el beneficiario, independientemente de donde se produzca el servicio público o se haga la inversión. En este caso, hay que establecer hipótesis sobre el ámbito de los beneficiarios y sobre la cuantificación de los beneficios que los bienes y servicios les proporcionan. Dentro de las funciones propias que lleva a cabo el Estado español y que tendría que asumir la Generalitat, se encuentran los servicios públicos básicos, como son: justicia, defensa, seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias y política exterior. En el caso de justicia, la principal actuación en términos de volumen de gasto que no ha sido traspasada a la Generalitat es el Programa tribunales de justicia y Ministerio Fiscal, en el que la partida más importante es el pago de sueldos y salarios del personal no traspasado a las comunidades autónomas, es decir, jueces, secretarios judiciales y fiscales, entre otros.
En este caso, se ha optado por considerar como gasto adicional de la Generalitat el que le correspondería a partir de la aplicación del criterio del flujo monetario, es decir, el que el Estado hace directamente en Catalunya para esta función. En lo relativo al servicio de defensa, hay que tener presente que se trata de un bien público puro, caracterizado por una oferta conjunta e imposibilitado de exclusión de los ciudadanos por el sistema de precios. Estas propiedades hacen que todos los ciudadanos se beneficien por igual, independientemente de donde residan y de donde estén ubicados los efectivos militares. Por eso se ha considerado que la estimación que puede reflejar mejor el coste que supondría el servicio de defensa en Catalunya, es el cálculo que se deriva del criterio del flujo del beneficio. Si se asume la hipótesis de que el Gobierno catalán tendría un comportamiento similar al español y destinaría la misma cantidad de recursos por cápita, el criterio más adecuado es el de aplicar el flujo del beneficio, según el cual el gasto en defensa se territorializa en función de la población. Así pues, bajo el enfoque del beneficio, el gasto del conjunto de programas de defensa se ha imputado en Catalunya en función de la población. Seguridad ciudadana y servicios penitenciarios son, también, un servicio básico del Estado. En este caso, dado que instituciones penitenciarias es un servicio que está plenamente traspasado a la Generalitat, no se ha imputado ningún tipo de coste por este concepto. Por lo tanto, solo hay que imputar la parte correspondiente a seguridad ciudadana que corresponde al gasto vinculado con los cuerpos de Policía y Guardia Civil. Como en este caso Catalunya también tiene traspasadas competencias en materia de policía, el indicador más adecuado a fin de considerar qué gasto adicional tendría es el que se deriva de aplicar el criterio de flujo monetario, es decir, considerar el gasto que el Estado hace directamente en Catalunya, en este ámbito, que fundamentalmente se materializa en coste de personal. Los programas presupuestarios asociados a la política exterior hacen referencia a las relaciones políticas del Estado español con el resto de países. Obviamente, la mayor parte de este gasto se sitúa en el extranjero por las particularidades de este tipo de gasto. Ahora bien, como es natural, ello no significa que no sea un coste para cualquier gobierno. Para imputar el coste que este servicio podría suponer para la Generalitat, se ha utilizado como aproximación el derivado del cálculo del principio del beneficio, que distribuye el gasto estatal de estos programas según la población. Naturalmente, también en este caso, partimos del supuesto que el Gobierno catalán tendría unas mismas pautas de gasto global que el actual Gobierno español.
Un segundo gran grupo de políticas de gasto que actualmente hace el Estado español y que debería asumir la Generalitat son las relacionadas con protección y promoción social. Dentro de este gran grupo, encontramos los programas de pensiones (a funcionarios del Estado, de guerra, no contributivas, etc.), servicios sociales y promoción social, fomento de la ocupación, acceso a la vivienda y fomento de la edificación, y gestión y administración de la Seguridad Social. Es importante destacar que en este punto se ha partido de la hipótesis de que la Generalitat asumiría compromisos contraídos por el Estado español con todos estos colectivos. Se trata de programas que, en su mayoría, se articulan en forma de transferencias directas. Por lo tanto, al tratarse de transferencias directas, el criterio para estimar la cantidad de gasto que podría suponer para la Generalitat el coste de este conjunto de programas es el derivado del cálculo del flujo monetario, y el gasto adicional sería la cantidad de dichas transferencias. De hecho, es prácticamente coincidente con el flujo del beneficio. Un tercer grupo de políticas de gasto que hace el Estado son las vinculadas a la producción de bienes públicos de carácter preferente. En concreto, el gasto que hace en sanidad, educación y cultura. En este caso se considera que estas son unas competencias totalmente traspasadas a la Generalitat, por lo que no tiene sentido imputar el coste que actualmente continúa haciendo el Estado en estos ámbitos. Por lo tanto, esos gastos no se consideran, excepto en dos casos. Por un lado, se considera el Programa de becas y ayudas a estudiantes, ya que es un programa que no ha sido traspasado a las comunidades autónomas y continúa en manos del Estado. Para estimar lo que supondría este gasto, se ha optado por considerar directamente el importe de las becas y ayudas que el Estado otorga a los estudiantes catalanes. La segunda excepción hace referencia a la función de la sanidad. El principal programa de gasto que se encuentra en este grupo, es la asistencia hospitalaria de las Fuerzas Armadas. Por coherencia con el tratamiento dado al resto de programas vinculados a la defensa nacional, se ha creído conveniente estimar el gasto adicional que supondría para la Generalitat este servicio como en el resto de programas de defensa.
Un cuarto grupo de políticas de gasto propias de un estado, que en este momento lleva a cabo el Gobierno central, es el de las políticas de carácter económico. Dentro de esta partida hay las actuaciones referentes a los diversos sectores económicos, las infraestructuras, el transporte y las acciones vinculadas a la investigación, el desarrollo y a innovación. En relación al gasto público dirigido a los diferentes sectores productivos, se ha considerado como gasto adicional para la Generalitat el que el Estado hace directamente en el territorio catalán y, por lo tanto, el que deriva de la atribución territorial según el criterio del flujo monetario. Se ha seguido el mismo criterio para el resto de políticas inscritas en esta partida, dado que se trata, fundamentalmente, de subvenciones, o bien de inversiones directas. Finalmente, queda el grupo de políticas de gasto catalogadas como actuaciones de carácter general, dentro de las que están los programas de alta dirección, servicios de carácter general, administración financiera y tributaria, transferencias a otras administraciones públicas y deuda pública. Dentro de la partida de alta dirección hay programas como el de prefectura del Estado, actividad legislativa, control externo del sector público, presidencia del Gobierno, entre otros. En este caso no se ha asignado ningún gasto adicional, ya que la Generalitat ya dispone de la organización propia de un gobierno con competencias ejecutivas, legislativas y de control. En lo relativo a la función de servicios de carácter general, el programa con más volumen de gasto es el de la administración periférica del Estado. Obviamente, por este servicio no tiene sentido imputar cantidad alguna, ya que, una vez más, la Generalitat ya tiene sus propias delegaciones por todo el territorio catalán. Pasa lo mismo en el caso de los programas relativos a administración financiera y tributaria. Esto no significa que no haya que reforzar alguno de estos servicios, pero no hay que implantarlos de nuevo. En lo referente a las transferencias a otras administraciones públicas, solo hay que contabilizar como gasto adicional de la Generalitat las transferencias que el estado otorga a los entes locales catalanes, ya que las que otorga a la comunidad autónoma en concepto de financiación autonómica, ya no tendrían razón de ser.
En relación a la deuda pública, se ha considerado que Catalunya debería hacerse cargo de una parte de la deuda que tiene el Estado español y ello comportaría asumir un coste de financiación anual en concepto de amortización y de pago de intereses. En concreto, se imputa a Catalunya una parte del coste financiero (amortización e intereses) de la deuda del estado. Se calcula aplicando el peso de los gastos del Estado en Catalunya según el criterio del flujo monetario en el período 2002-2005, sobre el total del coste financiero anual de la deuda. Aparte del gasto que hace directamente el Estado y que, si Catalunya fuera un estado independiente tendría que asumir, hay que contabilizar, también, el gasto que tienen otros organismos y entidades públicas. En concreto, del conjunto de la amalgama de organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos, se han considerado los necesarios para configurar un estado propio. Así, se ha considerado el gasto hecho por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ya que Catalunya tendría que disponer de los medios necesarios para hacer frente a la gestión y recaudación de impuestos. Estos medios podrían ser equivalentes a los que actualmente tiene el AEAT en Catalunya. Se puede utilizar un razonamiento similar para el caso de elConsejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) si se considera que Catalunya debe seguir apostando por la investigación. El análisis detallado del conjunto de organismos y entidades pone de manifiesto que, más de la mitad del total del gasto corresponde al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), cuya función es repartir los recursos entre las comunidades autónomas. Este es un organismo que no supondría coste adicional alguno a la Generalitat, dado que su misión es gestionar los recursos de la política agraria común. Además de estos organismos, hay otros que también actúan en Catalunya, pero tienen un presupuesto muy reducido y, en muchos casos, la Generalitat ya tiene un organismo o entidad similar. Esta sería el caso, por ejemplo, del Instituto de la Mujer y del Instituto Nacional de Estadística, entre otros. Por lo tanto, en estos casos, no se ha imputado gasto alguno.
Una tercera administración que hay que considerar es la Seguridad Social y sus organismos. Actualmente esta administración está totalmente centralizada y, por lo tanto, hay que considerar el volumen de gasto que supondría la asunción, por parte de la Generalitat, de esta competencia. Se ha partido de la hipótesis de que se mantendría el nivel actual de prestaciones y , por consiguiente, el nivel actual de gasto. Así pues, y dado que este gasto está muy territorializado, la estimación del gasto que supondría para la Generalitat sería la correspondiente al gasto que hacen actualmente la administración de la Seguridad Social y sus organismos en Catalunya, según el criterio del flujo monetario. Esto quiere decir computar fundamentalmente la cantidad actual de las prestaciones económicas que la Seguridad Social lleva a cabo en Catalunya. Como ya hemos mencionado, en el presente estudio se incluyen las empresas públicas destinadas a la creación de grandes proyectos de inversión y que contribuyen a incrementar de una manera significativa el stock de capital público. En este caso se ha considerado que el aumento de gasto para la Generalitat se correspondería con las inversiones directas de estas empresas en Catalunya. Entre los años 2006 y 2009, los gastos adicionales aumentaron considerablemente, al pasar de 30.304 millones de euros el año 2006 a 39.955 el año 2009. La causa principal de este incremento fue el aumento de recursos que necesitó el Servicio Público de Ocupación para hacer frente al pago de las prestaciones por desempleo. También hay que mencionar el aumento de las transferencias del Estado a las entidades locales el año 2009, como consecuencia del Plan E(Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) y de las previsiones optimistas de ingresos que hizo el Estado español y que provocó que se otorgaran a las entidades locales, en concepto de participación en los ingresos del Estado, una cantidad superior a la que, en realidad, les habría correspondido, hecho que ha ocasionado que las entidades locales tengan que devolver parte de los recursos que, en forma de anticipo, les otorgó el Estado. Por lo tanto, el gasto a asumir varía en función del año, según la política del Estado, ya que, como se ha dicho, se parte de la hipótesis de que se mantengan los mismos niveles de gasto y de servicios públicos. Obviamente, una Catalunya independiente no tendría que seguir necesariamente estas pautas de gasto público.
Una vez contabilizados los ingresos y los gastos adicionales que tendría Catalunya como estado, podemos analizar su viabilidad fiscal. Los ingresos adicionales superan a los gastos, en todos los años analizados. El saldo (ganancia que obtendríamos como estado independiente) varía en función de la coyuntura económica. Así, el año 2007 las ganancias hubieran sido de 21.071 millones de euros, mientras que el 2009 hubieran sido, tan solo, de 922 millones de euros. Este comportamiento es consecuencia, básicamente, de la caída de los ingresos impositivos a causa de la crisis económica y de del aumento de los gastos vinculados a las prestaciones por desempleo, así como a las medidas anticíclicas que tomó el Gobierno central. Conviene hacer hincapié, una vez más, en que estos resultados están condicionados, como ya se ha dicho a lo largo de este estudio, por las hipótesis de partida asumidas. Por un lado, se considera que se mantendría la estructura impositiva y la presión fiscal del Estado español y, por otro, partimos del nivel y la estructura de gasto que el Gobierno central ha hecho durante estos años. Obviamente, si Catalunya se convirtiese en un estado independiente, no tendría que seguir, necesariamente, estas pautas impositivas y de gasto. Es interesante, también, remarcar que los resultados de las ganancias obtenidas no coinciden exactamente con las cifras del déficit fiscal de Catalunya con la Administración del Estado. En primer lugar, porque los gastos adicionales que se contabilizan no son exactamente los que se computan en el cálculo de la balanza fiscal y, en segundo lugar, por el efecto de la neutralización del déficit del sector público central, que aquí no corresponde. Lo que hace la neutralización es imputar el déficit público del Estado como carga impositiva futura: eso aquí no tiene sentido, ya que lo que estamos midiendo es la capacidad de autofinanciación de Catalunya como estado independiente; lo que sí que se considera es que Catalunya heredaría una parte de la deuda pública del Estado y la correspondiente carga financiera, cosa que ya hemos contabilizado. En lo que respecta a la viabilidad económica de la Seguridad Social, los tres primeros años considerados generan ganancias, dado que los ingresos por cotizaciones superan a los gastos por pensiones y prestaciones por desempleo, mientras que el año 2009 este comportamiento se invierte y genera un déficit de 1.256 millones de euros, a causa de la crisis económica. De todas maneras este déficit queda sobradamente compensado con el resto de ingresos impositivos. En el caso de la Seguridad Social, hay que mencionar que Catalunya, como estado, debería obtener una parte del fondo de reserva actual de la Seguridad Social. Se trata de un activo una parte del cual debería pasar a Catalunya, de la misma manera que ésta se quedaría una parte del pasivo que representa la deuda pública del Estado.En el año 2009 el gasto público de Catalunya se situaría alrededor del 39% del PIB catalán y el grado de presión fiscal de un 31% el año 2009. Estas cifras se han analizado partiendo, siempre, de la hipótesis de que se heredaría el nivel y la estructura de ingresos y gastos actuales del Estado español.
El análisis comparativo con el resto de países de la UE-15 contextualiza las cifras anteriores. Respecto al peso del gasto público sobre el PIB, Catalunya se sitúa en la última posición del ranking. Esta posición está influida por la metodología utilizada, que contabiliza los gastos adicionales en los que incurriría Catalunya, como estado, a partir del gasto que el Estado español hace actualmente en nuestro país, y éste es relativamente bajo, ya que representa, tan solo, un 14% del total del gasto público español frente al 17% del peso de la población catalana. Observemos que el gasto medio de España en relación al PIB es más alto que el de Catalunya: de un 46,3% frente a un 38,9%. Esto se debe al efecto anterior. Obviamente, si Catalunya fuera un estado independiente, podría destinar los recursos adicionales que le supondría ese hecho a incrementar los servicios públicos y el estado del bienestar, de forma que se acercaría a los países similares social y económicamente, como Suecia o Dinamarca. En lo relativo al grado de presión fiscal, Catalunya se sitúa también en las últimas posiciones del ranking, 31,4%; en este caso, sin embargo, un punto por encima de la presión fiscal de todo el Estado español, con un 30,4%. Esta trabajo hace una aproximación al análisis de la viabilidad de Catalunya como estado independiente desde la perspectiva de su Hacienda pública. Se han contabilizado los ingresos adicionales que tendría Catalunya si no tuviera que pagar impuestos al Estado español y los gastos adicionales que tendría que asumir, sea porque son gastos derivados de competencias de titularidad estatal actualmente, sea porque son gastos añadidos que tendría que hacer como estado independiente, por ejemplo, en política exterior. Para calcular los ingresos y gastos adicionales, se ha partido del nivel y la estructura de los gastos e ingresos públicos del Estado español en el período 2006-2009, ya que se supone que una parte de ellos se tendría que traspasar a Catalunya. Esto hace que los resultados obtenidos estén condicionados por estas cuestiones. Si comparamos Catalunya con la UE-15, que es la agrupación de países europeos con los que tiene más sentido compararla desde un punto de vista social y económico, constatamos que sería un estado pequeño, en lo relativo a la población, pero se situaría por encima de la media en cuanto al PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo; en concreto, se situaría un 9% por encima de la media, con una posición muy parecida a la de países como Suecia o Dinamarca.
Por el volumen de exportaciones, es decir, de ventas fuera de su territorio, sea al resto del Estado español o al resto del mundo, Catalunya presenta una economía bastante abierta (las exportaciones representan un 52% de su PIB) y también muy semejante, en el grado de apertura, a Suecia y Dinamarca. Si partimos del nivel y de la estructura de los ingresos y los gastos públicos actuales del Estado español y en el supuesto de que Catalunya los heredase, si se convirtiese en estado independiente, experimentaría una ganancia neta en cuanto a ingresos públicos que dependería del año analizado. Así, el año 2007 la ganancia hubiera sido de 21.071 millones de euros, mientras que el 2009 hubiera sido de 922 millones de euros, una cifra muy inferior, a causa de los efectos de la crisis económica sobre los ingresos públicos. Por lo tanto, Catalunya es completamente viable como estado independiente en lo relativo a su hacienda, ya que mantendría los niveles de gasto y de presión fiscal actuales. · Si partimos de las hipótesis anteriores, Catalunya sería un estado con un volumen bajo de gasto público en relación al PIB, en comparación con los otros países de la UE-15, un 38,9% del PIB. Esto está condicionado por el hecho de que consideramos el gasto actual del Estado español en Catalunya, que es más bajo que en el resto del Estado. En cuanto a la presión fiscal, también se situaría en la parte baja dentro de los países de la UE-15, con un 31,4%. · La conclusión final del estudio es que Catalunya, como estado independiente, y partiendo de la actual situación del sector público español, obtendría unos ingresos adicionales netos que se podrían dedicar a incrementar los servicios públicos (más servicios, o de más nivel o de mejor calidad) o a bajar los impuestos.
Evidentemente, un proceso hacia la independencia es un proceso muy complejo, especialmente si no se puede hacer de una manera pactada. En efecto, temas como el fondo de pensiones, el patrimonio del estado en Catalunya, las infraestructuras compartidas (energía, agua, etc.), la colaboración catalana en la deuda española, etc.. son temas que a ambas partes interesaría poder pactar. Otro tema importante es la financiación durante los primeros años de la independencia, hasta que las recaudaciones del nuevo estado puedan cubrir las necesidades de financiación corrientes. Asimismo es relevante la posible política que seguiría el nuevo gobierno catalán. No es lo mismo si adopta una política neoliberal que si tiene políticas fiscales para la redistribución de la riqueza, si tiene claras políticas sociales, si respeta la diversidad y las minorías, etc…
Para más información aconsejo visitar la web http://www.wilson.cat/es/
Como artículos indirectamente relacionados recomiendo leer “Mi homenaje a Barcelona“, “El esoterismo de Gaudí, Barcelona y el culto al dragón“, y “¿Qué misterios esconde la sagrada montaña de Montserrat?“.
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