Manuel CasamayónEs uno de los pioneros en España del arbitraje comercial internacional
También representa a la Federación de Comunidades Judías en España
Es una de las voces más autorizadas en España y en el resto del mundo en el campo del arbitraje internacional. Bernardo Cremades (Zaragoza, 1943), fundador del despacho Cremades & Asociados, trabaja en el arbitraje comercial internacional y de disputas de inversión. A día de hoy, entre otros, ejerce como árbitro en litigios del Canal de Panamá y de inversores y accionistas de Banco Popular. También representa a la Comunidad Judía de Madrid y a la Federación de Comunidades Judías de España, personados como terceros en el conflicto entre la Fundación Thyssen y la familia de Lilly Cassirer. Los descendientes de esta coleccionista judía reclaman al museo la devolución del cuadro Rue Saint-Honoré, por la tarde. Efecto de lluvia, de Camille Pissarro, que Cassirer tuvo que vender obligada por el III Reich por lo que hoy serían 300 euros. La obra, hoy, alcanza un valor de 13 millones.
¿En qué punto se encuentra este conflicto?
En su momento, un juzgado de California entendió que no procedía una reclamación por parte de la familia en cuestión. Así que nos llamaron para apelar ante esa decisión, y la apelación se ganó. Ahora, el Estado Español ha comparecido, ayudando a la Fundación Thyssen, y ha pedido un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Justamente el pasado viernes, nosotros presentamos un escrito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, oponiéndonos a este recurso.
¿Y qué alegan ustedes?
El problema es saber si cuando se adquirió el cuadro se debía conocer que era una obra del expolio nazi. El argumento que vamos a utilizar es precisamente ese, que tanto el señor Thyssen como la Fundación, eran unos reconocidos expertos que tendrían que haberlo sabido, porque además había varias listas en las que estaban registradas las obras robadas por los nazis, siendo este Pisarro una de ellas. Y en el reverso del lienzo estaba escrito que pertenecía a la familia.
¿Será aceptado el recurso del Thyssen?
Lo normal es que esto dure años, porque el tribunal que decide si se admite o no a trámite, tiene 8.000 solicitudes anuales, y solo acepta 200. Y lo más lógico es que lo rechacen, porque en mi opinión no tiene mucho contenido ni fundamento jurídico.
¿Ha visto la película 'La dama de oro'? Por ahí van los tiros
¿Confían en que el cuadro sea devuelto?
Por supuesto. Creemos que la obra volverá a la familia. Es lógico, porque es obvio que el señor Thyssen conocía que había sido robada por la dictadura nazi. ¿Ha visto la película La dama de oro? Por ahí van los tiros...
Gobiernos como el francés han dejado entrever que harán todo lo posible por resarcir a propietarios de obras robadas, sea en la época colonial o en III Reich. ¿Por qué cree que España no hace lo mismo?
Ese es un tema en el que desde aquí no podemos opinar. Lo que tenemos que dejar claro es que esto no es una lucha de la comunidad judía contra el Thyssen o contra España. No les estamos dirigiendo ni contra el estado ni contra el museo. Solo defendemos que una obra robada regrese a sus propietarios.
Solo defendemos que una obra robada regrese a sus propietarios
Usted es uno de los pioneros del arbitraje internacional en España. ¿Está aquí arraigado el arbitraje?
Sí. Casi cualquier contrato de temas que van más allá de nuestras fronteras lleva cláusula de arbitraje. Donde hay algo más de desconfianza es a nivel nacional, porque aquí a veces los jueces se extralimitan en sus competencias. Hay una idea clara de que el arbitraje está basado en la libertad contractual de las partes, que recurren a un árbitro que ellos mismos eligen. Pero estamos viendo algunos casos en los que los jueces se extralimitan. Y si las partes se ponen de acuerdo, dentro de unos márgenes legales obvios, no deben venir los jueces. Esta situación priva un poco a España de la garantía de seguridad y de confianza.
¿Qué situación ocupa entonces España a nivel internacional?
España está perdiendo oportunidades porque hay una sala de lo civil que se ha constituido en una especie de talibán del control, y está matando el arbitraje. Las empresas españolas que necesitan de un árbitro no van a Madrid, donde van a estar sometidas a un control excesivo, sino que pactan un arbitraje en la Cámara de Comercio de París, por ejemplo, y se lo evitan. ¿Por qué París? Porque Francia, que tiene un interés lógico porque haya muchos arbitrajes allí, ha puesto todos los medios jurisdiccionales para posicionarse. En el último mes ha hecho algo espectacular, y es admitir que el control de los laudos arbitrales que se dicten en París puedan ser controlados en inglés con garantías y confianza.
En términos económicos, ¿qué conlleva que un arbitraje se haga o no en un país?
Muchos, tanto económicos, como políticos y judiciales. Yo estoy de árbitro en el Canal de Panamá, y ese arbitraje se está realizando en Miami. En cada sección de audiencia no hay menos de 100 abogados. Imagínate una audiencia de tres o cuatro semanas. En servicios de hoteles, traducción, transcripción, funcionarios, de peritajes... mueve mucho dinero. Además, que un conflicto de gas entre Egipto y Alemania, por poner un ejemplo, se desarrolle en España, da un gran protagonismo político.Que un arbitraje se lleve en un país u otro tiene consecuencias económicas y políticas
Que un arbitraje se lleve en un país u otro tiene consecuencias económicas y políticas
Movimientos de izquierda y antiglobalización critican esta práctica porque esa falta de control puede llevar a abusos.
La crítica al arbitraje viene por varios campos, y uno de ellos es, en efecto, que por esta vía haya una fuga del derecho. Pero sin esa seguridad arbitraria no hay inversión. Un ejemplo es Ecuador. Cuando Correa abandonó la presidencia canceló todos los tratados de protección de inversiones. Ahora ha venido Moreno y se ha dado cuenta de que necesita inversión extranjera para financiar la infraestructura. Y esa inversión, sin seguridad jurídica, no va a llegar.
¿Hacia dónde va el arbitraje?
Hasta hace poco, los sujetos del derecho internacional eran los estados. Ahora también lo son los sujetos individuales. Ha surgido un arbitraje de protección de inversiones que no se basa en un contrato entre las partes, sino en un tratado de protección entre países. Ahí se dice que el estado receptor de la inversión dará un trato justo y equitativo a esa inversión. Si un inversor siente que un país ha violado el tratado, acudirá a un tribunal de arbitraje en el que ese estado ha renunciado a la inmunidad. Afectados por las inversiones en Banco Popular están recurriendo a esto, no contra Popular o Santander, sino contra el reino de España.
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