Vista de las cajas sepulcrales y trono de Blanca de Aragón y Anjou en el Museo Diocesano de Lleida. (Adria Ropero / EFE)
- La autorización judicial a la Guardia Civil plantea numerosos interrogantes sobre cómo ejecutar la orden de forma unilateral
En primer lugar, la incógnita primordial es la fecha. No hay confirmación de una intervención ya este lunes, primer día avalado por la providencia del juzgado de instrucción número 1 de Huesca. En plena campaña electoral catalana, el Gobierno estatal podría demorar la intervención para dar tiempo a que el juez se pronuncie sobre el recurso catalán. No obstante, el 11 de diciembre vence el periodo ofrecido a la Generalitat de Catalunya para entregar de forma voluntaria las 44 piezas a Aragón y es la fecha máxima en la que, según la sentencia judicial, las obras deben ser depositadas en Sijena.
De hecho, este mismo jueves el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, sugirió que hay “cierto tiempo” para garantizar el traslado de los bienes “sin que sufran deterioro” y reiteró que dará cumplimiento a la decisión del juez de Huesca, sin aclarar lo hará el mismo lunes 11 o más adelante.
El alcance del uso de la fuerza
La Guardia Civil tiene autorización judicial para entrar a partir de este lunes en el Museo de Lleida para llevarse, “incluso” por “la fuerza”, las 44 obras de arte del monasterio de Sijena depositadas en este equipamiento cultural. La Generalitat de Catalunya presentó el jueves un recurso que podría resolverse demasiado tarde, puesto que el plazo para la ejecución de la sentencia empieza la medianoche del domingo al lunes.
Y su puesta en práctica plantea numerosos interrogantes. Solo cuatro de las 44 piezas están expuestas, mientras que las restantes permanecen en la colección del museo en un estado de gran fragilidad a la espera de rehabilitación. No se han hecho públicos por ahora los detalles del operativo policial y en realidad la Benemérita podría delegar el encargo en otro cuerpo de seguridad e incluso a la Policía Judicial si así lo considera oportuno.
Expiración del plazo
Otro punto clave es el respaldo judicial al uso de la fuerza en el dispositivo de seguridad y transporte por la “nula” respuesta del museo a las solicitudes policiales de información. El escrito del magistrado precisa que los agentes “podrán incluso utilizar la fuerza si no se les abriera de forma voluntaria los accesos a las instalaciones o a las dependencias interiores o cualquier lugar donde estén los bienes objetos de este procedimiento de ejecución provisional”.
El alcance de esta apertura obligatoria de salas es la incógnita más controvertida, puesto que uno de los impedimentos que podría hallar la policía es la presencia de manifestantes en la puerta del museo. La CUPllamó este viernes a la ciudadanía a “defender” el museo como si fuera un colegio del 1 de octubre, ante una retirada que consideran que “quiere humillar a Catalunya”. “Más allá de que te guste o no el arte sacro se puede coger este caso como una bandera de resistencia de lo que está siendo el 155”, aseguró la diputada leridana Mireia Boya.
Una convocatoria en las redes, que han difundido las juventudes de la CUP, insta a quedar a las 7:30h frente al equipamiento para “tomar un café”. No obstante, la providencia del juzgado de instrucción número 1 de Huesca advierte que quien se oponga a la ejecución podrá ser acusado de desobediencia a la autoridad y de delitos contra la Administración de Justicia.
Un traslado muy delicado
El delicado estado de 12 de las 37 obras –en especial los fragmentos no expuestos del retablo de alabastro de Santa Ana–, también plantea dudas sobre las garantías del traslado. Según las indicaciones del magistrado, la policía solo se encargaría de “garantizar” el acceso al lugar al personal del gobierno del Aragón y a la técnica designada por este, así como al personal de la empresa especializada contratada por el ejecutivo aragonés. Estos especialistas serían los encargados de localizar en los almacenes y mover correctamente las 44 piezas.
No obstante, la conselleria de Cultura ha alegado en su recursos que el plan de traslado presentado por el Gobierno aragonés es “claramente insuficiente”. Denuncia que no prevé la intervención de los técnicos de la Generalitat para supervisar el traslado y que ve comprometida la conservación del patrimonio si finalmente la retirada se ejecuta como está prevista. También la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya ha advertido que el traslado “pone en peligro la integridad física de algunas de las obras”.
Precisamente sobre esta cuestión, el director del museo leridano, Josep Giralt, ha avanzado este sábado a El Suplement de Catalunya Ràdio que si no llega a tiempo el recurso empezarán el embalaje de las obras de arte sacro a partir del lunes como si prepararan una cesión temporal para una exposición. Este embalaje requeriría un cierto margen de tiempo, incompatible con una actuación muy temprana.
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